Wakame Ibiza emprende acciones legales por una publicación viral sobre un supuesto cobro indebido
El restaurante japonés Wakame Ibiza ha decidido llevar a los tribunales a una clienta que, a través de redes sociales, denunció un presunto cobro de 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso. La polémica, que estalló en redes la semana pasada, ha derivado en una crisis de reputación para el establecimiento, que ahora exige una rectificación pública y una indemnización de 36.000 euros por los daños ocasionados.
Según el relato del restaurante, los mensajes difundidos por la clienta son «manifestaciones falsas y difamatorias» que han causado «un grave daño a su reputación y a su actividad empresarial». La defensa del local ha sido asumida por la abogada penalista Marina Corral, quien considera que la denuncia pública de la clienta ha excedido los límites de la crítica legítima para convertirse en un acto de injuria con publicidad.
Una polémica que comenzó con un recibo
El conflicto se remonta al pasado 5 de agosto, cuando una mujer acudió al restaurante y, durante su visita, utilizó un gancho para colgar su bolso. Según ella, fue una camarera quien le sugirió utilizar el accesorio sin advertirle que tuviera coste alguno. Más tarde, afirma, se encontró con un cargo adicional de 12 euros en la cuenta, lo que motivó su denuncia pública en la red social X (anteriormente Twitter).
La publicación, que incluía una imagen de lo que ella presentó como la factura, se hizo viral rápidamente y llegó a superar las 591.000 visualizaciones. En su mensaje, la clienta calificó el cobro como un abuso, denunciando supuestas prácticas engañosas por parte del restaurante.
La versión del restaurante: «Fue un error y se corrigió»
Desde Wakame Ibiza, sin embargo, ofrecen una versión distinta de los hechos. Según aseguran, lo que ocurrió fue un «error involuntario» en la cuenta, en la que se añadió un cargo incorrecto que «fue corregido de forma inmediata antes del pago», por lo que niegan rotundamente que existiera perjuicio económico alguno para la clienta.
Pese a esa rectificación, días más tarde la usuaria publicó en redes un mensaje que el restaurante califica de «acusaciones de prácticas engañosas acompañadas de un documento distinto de la factura real». Esa publicación tuvo un efecto inmediato: no solo se viralizó, sino que desencadenó una «disminución en las reservas» y una «oleada de comentarios ofensivos y de hostigamiento contra el personal».
Facua entra en escena y se aviva la polémica
La situación escaló aún más cuando la asociación de consumidores Facua se hizo eco de la denuncia y la difundió como una noticia, sin contrastar, según el restaurante, la veracidad de los hechos. Desde Wakame Ibiza acusan a la organización de haber «contribuido a incrementar el descrédito hacia el restaurante y, por extensión, al sector hostelero de la isla».
Un conflicto legal en ciernes
El establecimiento ha solicitado un acto de conciliación como paso previo a la presentación de una querella criminal por calumnias con publicidad, delito tipificado en los artículos 205 y siguientes del Código Penal. En dicho procedimiento, el restaurante exige tres acciones concretas:
- La retirada inmediata de todas las publicaciones difamatorias
- Una rectificación pública en la misma red social, admitiendo que la información difundida era falsa
- Una indemnización de 36.000 euros por los daños sufridos, con posibilidad de ampliación si el impacto negativo continúa
Libertad de crítica o difamación viral
Desde Wakame Ibiza insisten en que valoran y fomentan la opinión de sus clientes como herramienta para mejorar, pero condenan lo que consideran un uso irresponsable de las redes sociales. «Creemos en la crítica constructiva y escuchamos siempre a nuestros clientes, pero no podemos permanecer impasibles ante acusaciones falsas que atentan directamente contra el esfuerzo, la profesionalidad y la reputación de todo nuestro equipo», han declarado.
Una reflexión sobre el poder (y los riesgos) de las redes sociales
La abogada Marina Corral, encargada de la defensa del restaurante, ha aprovechado este caso para abrir una reflexión más amplia sobre el impacto de las redes sociales y la responsabilidad de quienes las utilizan. «La justicia deberá pronunciarse sobre quién asume las consecuencias de la injuria grave con publicidad: si el autor original de las acusaciones, las plataformas que las viralizan o las entidades que las difunden sin contrastar», ha concluido.
Este caso, que comenzó con una simple publicación de una clienta insatisfecha, podría terminar sentando un precedente sobre los límites de la crítica en internet y la responsabilidad de quienes participan en la propagación de informaciones no verificadas. Mientras tanto, el debate sobre la delgada línea entre libertad de expresión y difamación digital sigue abierto.
