La causa judicial afronta una nueva etapa.
El procedimiento que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se aproxima a uno de sus momentos procesales más relevantes. La investigación ha generado durante meses una notable atención pública por las personas implicadas y por las cuestiones que se encuentran bajo examen judicial. Ahora, el proceso encara el cierre de su fase de instrucción y el paso a una etapa centrada en la preparación del futuro juicio. Todo ello se produce mientras el magistrado que ha dirigido las diligencias se acerca a su jubilación.
La siguiente decisión corresponde al juez Juan Carlos Peinado, que tiene previsto completar los trámites pendientes antes de dejar el cargo. El escrito presentado por la defensa de Gómez el pasado viernes permite avanzar hacia la audiencia previa que deben celebrar las partes. Tras esa comparecencia, el magistrado podría dictar el auto que abriría formalmente la fase de juicio oral. Esta resolución, según las fuentes jurídicas citadas por EFE, no tendría posibilidad de recurso.
La jubilación de Peinado está fijada para el próximo 27 de septiembre, cuando alcanzará los 72 años. Su salida supondría el cierre de una instrucción iniciada el 16 de abril de 2024 y daría paso a la Audiencia Provincial de Madrid. Allí tendrá que determinarse qué sección penal asumirá el conocimiento del procedimiento mediante el sistema ordinario de reparto. Posteriormente, las partes podrán plantear sus posiciones sobre las pruebas y los testigos que deberían intervenir durante la vista.
El calendario queda pendiente de varios factores.
Una vez que el procedimiento llegue a la Audiencia Provincial, la celebración del juicio podría producirse entre cuatro y ocho meses después, de manera orientativa. El plazo dependerá, entre otras circunstancias, de la carga de trabajo de la sección encargada y de la duración prevista de las sesiones. Con este escenario, la vista se situaría previsiblemente en 2027. Sin embargo, todavía no es posible determinar si coincidirá con las elecciones autonómicas y municipales de mayo o con unas posibles elecciones generales previstas para ese mismo año.
La situación procesal de Begoña Gómez quedó delimitada por una resolución de la Audiencia Provincial dictada en julio. El tribunal consideró que debía afrontar un juicio con jurado por las cuestiones que permanecían abiertas, mientras que dejó fuera otras acusaciones que habían sido contempladas durante la investigación. Su asesora, Cristina Álvarez, también quedó vinculada al procedimiento por una presunta malversación. En cambio, el empresario Juan Carlos Barrabés fue separado de esta causa para continuar el análisis de los contratos públicos en otro procedimiento.
La decisión de la Audiencia obligó a reorganizar el recorrido procesal y a retroceder hasta una fase anterior del procedimiento. De acuerdo con las fuentes jurídicas, las actuaciones realizadas desde la transformación de la causa tuvieron que quedar sin efecto. Por ese motivo, las partes han vuelto a presentar sus escritos pensando en una futura vista oral. El siguiente paso será nuevamente la audiencia previa y, después, la resolución que determine formalmente la apertura del juicio.
Las partes mantienen posiciones enfrentadas.
La defensa de Begoña Gómez reclama su absolución y sostiene que no utilizó «su vínculo matrimonial» con el jefe del Ejecutivo para obtener una cátedra universitaria. También rechaza que existiera un beneficio económico derivado de esa actividad y niega que se apropiara de un ‘software’ desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid. La defensa sostiene igualmente que su asesora no fue utilizada para desempeñar funciones ajenas a las que correspondían a su puesto. De este modo, la estrategia de Gómez continúa centrada en negar las conductas que se le atribuyen.
Cristina Álvarez también solicita quedar absuelta y considera que las actuaciones que se le imputan no encajan en un delito de malversación. Su defensa califica de «disparatada» la acusación relacionada con las tareas que habría realizado durante su actividad profesional. La Fiscalía mantiene asimismo su petición de absolución para ambas, al entender que los hechos analizados no constituyen delito. Frente a estas posiciones, la acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Gómez y seis para Álvarez.
La Universidad Complutense de Madrid reclama además a Begoña Gómez más de 113.000 euros en concepto de responsabilidad civil por la cuestión relacionada con el ‘software’ desarrollado para la cátedra que codirigió. El escenario definitivo dependerá de las decisiones que se adopten durante la fase intermedia y de cómo quede configurado el juicio. Mientras avanzan estos trámites, el caso continúa despertando un enorme interés público por su dimensión judicial y política. Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el contenido de la causa, especialmente por la condición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno y por las posibles consecuencias que podría tener la celebración del juicio en 2027.
