La Justicia se pronuncia sobre el caso que ha conmocionado a Sevilla.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha vuelto a pronunciarse sobre uno de los casos que más atención ha generado en los últimos meses. La resolución llega después de un largo proceso judicial impulsado por la familia de una menor de 14 años. Sus padres habían recurrido el archivo provisional de la investigación dirigida contra varios responsables del centro educativo al que acudía. Ahora, el tribunal ha decidido mantener esa decisión.
La resolución afecta al director, la jefa de estudios, la tutora y la orientadora del colegio Irlandesas de Loreto. Todos ellos habían sido señalados en la querella presentada por los progenitores, que solicitaban que se siguiera investigando la posible responsabilidad del centro. La familia consideraba necesario profundizar en distintos aspectos relacionados con lo ocurrido antes del fallecimiento de su hija. Entre las cuestiones planteadas se encontraba también la información obtenida durante la autopsia.
El caso ha provocado especial interés por las circunstancias que rodearon los últimos días de la menor. Desde el principio, la familia ha defendido que determinadas situaciones vividas en el entorno escolar debían ser examinadas con mayor profundidad. La investigación judicial, sin embargo, ha encontrado límites a la hora de atribuir responsabilidades penales al personal educativo. La Audiencia Provincial acaba de respaldar el criterio adoptado previamente.
La Audiencia mantiene el archivo provisional.
El tribunal considera que no existe base jurídica suficiente para establecer una relación causal directa entre las actuaciones del colegio y el fallecimiento de la menor. En su resolución se destaca además que los hechos tuvieron lugar fuera del horario lectivo y en el ámbito privado de su domicilio. La Fiscalía había advertido previamente de las dificultades para atribuir al personal del centro una responsabilidad penal por omisión. En particular, se hacía referencia al alcance del deber de vigilancia de los educadores una vez que los alumnos abandonan las instalaciones.
La Audiencia también recoge en su resolución referencias a otras circunstancias personales que afectaban a la adolescente. Según el auto, tenía «otros muchos problemas» además de las situaciones denunciadas por la familia. El documento señala igualmente que la menor «sentía que siempre era la última opción y que le daba igual a su familia». Estas consideraciones forman parte de la valoración realizada por el tribunal para analizar el conjunto de circunstancias que rodeaban el caso.
Los padres habían recurrido el archivo acordado inicialmente por el Tribunal de Instancia de Sevilla. Su representación legal solicitaba, entre otras cuestiones, que se valorasen los resultados de la autopsia practicada a la menor. En ella se detectaron lesiones y la presencia de alcohol en su organismo, un dato que la familia consideraba relevante por la proximidad temporal entre la salida del colegio y los acontecimientos posteriores. El tribunal, no obstante, ha decidido mantener el sobreseimiento provisional respecto a los responsables del centro.
Otra investigación continúa abierta.
El archivo de esta causa no supone el cierre de todas las actuaciones relacionadas con el caso. La Fiscalía de Menores mantiene una investigación independiente sobre tres alumnas señaladas como posibles responsables de las situaciones denunciadas. Ese procedimiento se desarrolla por una vía diferente a la investigación dirigida contra los responsables adultos del colegio. Por tanto, la decisión de la Audiencia afecta específicamente a la causa penal contra el personal educativo.
En su resolución inicial, el magistrado ya había considerado que el colegio había adoptado medidas destinadas a abordar la situación que se estaba produciendo. El auto señalaba que «no les era exigible que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida». La Audiencia Provincial ha respaldado ahora ese planteamiento y ha desestimado el recurso presentado por la familia. De este modo, queda ratificado el sobreseimiento provisional de la investigación contra los responsables del centro.
La decisión judicial vuelve a situar el foco sobre los límites de la responsabilidad de los centros educativos ante situaciones complejas que afectan a sus alumnos. Mientras la vía contra los responsables del colegio queda archivada provisionalmente, la investigación relativa a las tres menores continúa su recorrido. La familia de Sandra Peña ha mantenido durante todo este tiempo su petición de que se esclarezcan todas las circunstancias del caso. El pronunciamiento de la Audiencia supone un nuevo capítulo en ese proceso, aunque no cierra las actuaciones que permanecen abiertas por otras vías.
