La tragedia de la pasarela de El Bocal abre una batalla por las responsabilidades
La muerte de cinco jóvenes tras el hundimiento de la pasarela de El Bocal, situada en la costa norte de Santander, ha desencadenado una profunda polémica política e institucional sobre quién debía garantizar la seguridad de la infraestructura. Lo que en un primer momento parecía un trágico accidente ha terminado convirtiéndose en un caso que pone bajo la lupa a varias administraciones públicas. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, apuntó que es necesario hablar de la “responsabilidad de las tres administraciones” implicadas: el Ministerio para la Transición Ecológica, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander. Mientras tanto, desde el consistorio, la alcaldesa Gema Igual ha tratado de rebajar el tono del enfrentamiento político, insistiendo en que no pretende “pegarse políticamente” en un momento marcado por el dolor, aunque sí señaló que la ejecución de la obra correspondía a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio.
Sin embargo, más allá de las declaraciones públicas, la documentación oficial revela un escenario mucho menos ambiguo. Los papeles a los que se ha tenido acceso apuntan con claridad hacia dos niveles administrativos clave: el Ayuntamiento de Santander y la Demarcación de Costas. Además, señalan dos fechas fundamentales que ayudan a reconstruir el origen de la responsabilidad sobre la infraestructura: el 6 de abril de 2004 y el 31 de octubre de 2019. Estas referencias documentales, que permanecían prácticamente olvidadas en archivos administrativos, han vuelto ahora al centro del debate tras la tragedia.
El documento de 2004 que comprometía al Ayuntamiento con el mantenimiento
El primero de esos documentos se remonta al 6 de abril de 2004. En aquella fecha, el Ayuntamiento de Santander, gobernado entonces por el Partido Popular, firmó un texto oficial tras el periodo de información pública del proyecto denominado “Senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar”. El documento estaba rubricado por el alcalde de entonces, Gonzalo Piñeiro, y por el concejal de Medio Ambiente, Íñigo de la Serna, quien años más tarde ocuparía el cargo de ministro de Fomento. En ese texto se incluía un compromiso claro y explícito: una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento asumiría el mantenimiento de la infraestructura.
El documento no dejaba lugar a interpretaciones. En él se especificaba que “no existe inconveniente en contraer compromiso con la Demarcación de Costas de Cantabria para una vez ultimadas las obras proyectadas en la ‘senda peatonal’ referenciada, este Ayuntamiento se haga cargo de su mantenimiento”. Este compromiso administrativo, enviado al organismo estatal correspondiente, constituye uno de los elementos clave en la discusión actual, ya que demostraría que el consistorio aceptó formalmente responsabilizarse del estado y la conservación de la senda una vez construida.
Una advertencia política en 2019 que tampoco cambió nada
La segunda fecha relevante aparece en el acta del pleno municipal celebrado el 31 de octubre de 2019, cuando la alcaldesa Gema Igual ya estaba al frente del Ayuntamiento. En la página 21 de ese documento se recoge una moción presentada por el portavoz del grupo mixto UxS-IU, Miguel Saro. Aunque el texto se centraba aparentemente en la preservación paisajística de la costa norte, en su contenido emergían datos relevantes sobre el origen del proyecto y la implicación institucional. En él se señalaba que la obra había sido redactada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y ejecutada en colaboración con el Ayuntamiento.
Aquella moción pedía a la Demarcación de Costas y al Ministerio retirar materiales de la obra debido al impacto paisajístico denunciado por los vecinos, quienes criticaban las “horrendas infraestructuras que habían sido diseñadas por el Ministerio”. El texto también proponía facultar al Ayuntamiento para actuar de forma subsidiaria si fuera necesario. Con ello, se reconocía que la administración local tenía capacidad de actuación sobre la zona. Paradójicamente, años después, el propio Ayuntamiento ordenó a la Policía Municipal precintar dos pasarelas a petición de la Demarcación de Costas, lo que demuestra que el problema seguía latente.
Años de protestas vecinales y advertencias ignoradas
Durante más de una década, entre 2004 y 2019, los vecinos de la zona no dejaron de alertar sobre la peligrosidad de algunas estructuras instaladas en el recorrido costero. El sendero original discurría por un camino terrestre utilizado tradicionalmente por pescadores y paseantes, considerado mucho más seguro. Sin embargo, las modificaciones introducidas en el proyecto alteraron ese trazado y añadieron elementos como miradores y pasarelas construidas sobre zonas rocosas. Estas decisiones generaron críticas constantes por parte de colectivos ciudadanos y asociaciones vecinales que denunciaban tanto el impacto paisajístico como los riesgos de seguridad.
En 2014 se impulsó un proyecto de adecuación de la zona con un presupuesto cercano al millón de euros, promovido por la Demarcación de Costas. Las obras, adjudicadas a Dragados, incluían cambios significativos en el recorrido original y la instalación de la pasarela que años más tarde acabaría protagonizando la tragedia. Las protestas vecinales se intensificaron al considerar que las actuaciones eran desproporcionadas y alteraban el paisaje natural, especialmente por el uso de hormigón en muros de piedra. Finalmente, siete meses después del inicio de las obras, los trabajos se paralizaron debido a la presión ciudadana encabezada por la Asamblea de la Sendera Costera.
Un informe de 2016 ya advertía de los riesgos
Las protestas consiguieron que en 2016 se redactara un nuevo documento que recogía parte de las reclamaciones vecinales. En él se defendía la retirada de miradores y pasarelas al considerar que no se correspondían con la senda tradicional y podían representar un peligro para los peatones. El texto advertía expresamente de la peligrosidad de ciertas estructuras, señalando que algunas eran “inadecuadas para el tránsito peatonal” al estar situadas sobre grietas del terreno. A pesar de esta advertencia escrita, las estructuras señaladas nunca llegaron a retirarse.
Con el paso de los años, las señales de deterioro se hicieron cada vez más visibles. Los vecinos alertaban de que los clavos que sostenían algunas partes de la estructura estaban oxidados por la exposición constante al viento marino y la humedad. Incluso el día anterior a la tragedia, un vecino llamado Fernando llamó al 112 para advertir del estado de la pasarela. Según su relato, temía que si muchas personas caminaban sobre ella “con el peso, se va a hundir”. El aviso fue trasladado a la Policía Local, pero no llegó a evitar el desastre.
Cinco vidas perdidas y una pregunta que sigue abierta
El colapso de la pasarela terminó con la vida de cinco jóvenes: Eunate, Celia, Lluna, Lucía y Xabier. Sus nombres se han convertido en el símbolo de una tragedia que, según denuncian algunos responsables políticos y colectivos ciudadanos, no puede considerarse un simple accidente imprevisible. Para el concejal de Izquierda Unida Keruin Martínez, lo ocurrido refleja un problema estructural en la gestión de las infraestructuras municipales. A su juicio, la falta de mantenimiento y la inacción ante advertencias reiteradas han convertido el deterioro de espacios públicos en uno de los grandes problemas de la política local.
“Habrá tiempo de dirimir responsabilidades, pero es evidente que no estamos ante un hecho imprevisible ni fruto solo de la mala suerte”, afirma el concejal. Mientras tanto, el debate político continúa y las administraciones tratan de aclarar qué parte de la cadena de decisiones y omisiones llevó a que una infraestructura señalada durante años como peligrosa acabara protagonizando una de las tragedias más graves recientes en la costa de Santander.
