El crimen que conmociona a Badajoz.
El brutal asesinato de una educadora social de 35 años ha sacudido a la comunidad de Badajoz. La víctima fue golpeada y asfixiada el domingo por la noche en una vivienda tutelada de la Junta de Extremadura. La investigación, en manos de la Policía Nacional, señala como principales sospechosos a tres menores que residían en la casa, ubicada en la urbanización Guadiana.
Horas después del hallazgo del cuerpo, la Delegación del Gobierno en Extremadura confirmó la detención de los tres presuntos responsables. Se trata de dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17, todos ellos tutelados por la Junta. Tras declarar ante un juez, se decretó su internamiento en régimen cerrado como medida cautelar mientras avanzan las investigaciones sobre el crimen.
Un testigo clave en la investigación.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la joven de 17 años podría haber colaborado en la huida de los otros dos sospechosos. Un cuarto menor, que también vivía en la casa, habría alertado a otro educador social sobre una fuerte discusión en la vivienda. Esta llamada permitió que la Policía acudiera rápidamente al lugar de los hechos, aunque ya era demasiado tarde para la víctima.
En la vivienda tutelada residían cuatro menores bajo la supervisión de la educadora fallecida, quien se encontraba en plena jornada laboral cuando ocurrió el crimen. Horas después del suceso, los tres menores sospechosos sufrieron un accidente de tráfico cerca de Torremayor, a unos 15 kilómetros de Mérida, donde finalmente fueron detenidos.
Una fuga frustrada y un crimen atroz.
Los detenidos habían robado el coche de la víctima en un intento de huida. Tras el accidente, pidieron ayuda a un conductor que los recogió mientras intentaban continuar su escape. La Guardia Civil localizó el vehículo abandonado, pero los menores ya no se encontraban en la zona, lo que retrasó su captura por unas horas.
La víctima, María Belén Cortés Flor, era natural de Castuera y ejercía como monitora en la vivienda tutelada. Su labor consistía en acompañar a menores que cumplían medidas judiciales en este régimen. En la casa se encontraban cuatro jóvenes, entre ellos los fugados recientemente durante los Carnavales de Badajoz y que habían sido localizados días antes en Villafranca.
Las incógnitas que quedan por resolver.
«Según ha podido saber ‘Hoy’, y a falta de los datos de la autopsia, el crimen sucedió el domingo a última hora. La Policía Nacional recibió una llamada pasadas las once de la noche. Dio la voz de la alarma un educador social que trabaja en otro piso tutelado y que avisó del peligro». Cuando los agentes llegaron a la vivienda, encontraron el cuerpo de la educadora con signos de golpes y asfixia. La autopsia determinará las causas exactas de su muerte.
Los tres menores sospechosos fueron detenidos en Mérida y trasladados a Badajoz, donde deben comparecer ante el Juzgado de Menores. Dado que son menores de edad, los trámites legales se están acelerando para esclarecer lo ocurrido y determinar su grado de implicación en el asesinato.
Dolor y consternación en la comunidad.
La investigación sigue en manos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz, que trabaja en el análisis de pruebas y testimonios para completar el informe que será presentado a la justicia. Desde la Junta de Extremadura han expresado su «profundo pesar» por la muerte de la educadora y han asegurado su total disposición a colaborar con la investigación.
El impacto del crimen ha llegado hasta Castuera, localidad natal de la víctima, donde su alcalde, Francisco Martos, expresó su desolación: «Belén era una persona entregada, vocacional, que trabajaba haciendo el bien… Sólo puedo transmitir amargura, desolación, incredulidad, porque le han destrozado la vida a una buena profesional, a una familia, a todo un pueblo». En la mañana del lunes, la localidad se congregó en un minuto de silencio en su memoria, reflejando el dolor y la indignación por una pérdida irreparable.
Se pronuncia el padre de uno de los menores.
«Lo que ha pasado es terrorífico, pero mi hijo ni el resto de menores que vivían en ese piso con la educadora deberían haber estado en libertad desde hace tiempo», ha declarado Antonio Granero Gallardo, cocinero y presentador de televisión en Extremadura. Su hijo es uno de los tres menores acusados del asesinato de María Belén Cortés Flor, ocurrido la madrugada del lunes en un piso tutelado de Badajoz.
Antonio critica la falta de control sobre los menores, asegurando que no deberían haber regresado al piso tras varios incidentes previos. «Es una locura que les permitieran regresar al piso, donde ya había habido problemas y dejarlos solo con ella, y de donde se habían escapado tres veces», señaló en una entrevista con El Mundo. La educadora ya había denunciado la precaria situación laboral en la que se encontraba.
El Juzgado ha decretado el internamiento en régimen cerrado para los tres menores, quienes huyeron en el coche robado de la víctima antes de ser detenidos tras un accidente. «Tenían que estar privados de libertad, tenían que estar encerrados entre otro centro, eso creo que lo entiende cualquiera, no es que lo diga yo», insiste Antonio.
Conocido en Extremadura por su carrera como chef y presentador de programas gastronómicos, Antonio también ha estado vinculado a la política. En las últimas elecciones, se presentó como cabeza de cartel de Juntos por Extremadura, aunque sin éxito electoral. Detrás de su fama, asegura, ha vivido un calvario personal vinculado al destino de su hijo.
Un drama familiar con consecuencias trágicas.
«Mi hijo se convirtió en una víctima prácticamente del sistema», afirma Antonio, quien insiste en pedir perdón a la familia de Belén Cortés Flor. Profundamente afectado, recalca que su intención no es justificar lo sucedido, sino señalar fallos en el proceso de tutela y reinserción de menores.
El cocinero atribuye parte del problema a su conflictiva separación, marcada por denuncias y problemas con las drogas. «Esto no se decanta de un día para otro, sino por una serie de decisiones. Desde que mi hijo es muy pequeño y por las decisiones que va tomando la administración, cada una peor que la otra», asegura.
Antonio también apunta a la madre de su hijo, aunque la describe como «otra víctima del sistema». Sostiene que durante años ella recibió una pensión de entre 1.800 y 2.000 euros al mes, pero que «no se ha gastado en darles de comer, sino en otras cosas». Cree que la permanencia del menor con su madre fue el origen de su deterioro. «El que estuviera mi hijo solo con ella es la clave de todo esto», sentencia.
También critica el enfoque de la administración sobre los centros de menores. «Lo que hacen es mantener chiringuitos porque el tratamiento de menores con estos problemas también es un negocio y se lo suelen dar a amiguitos con carné de partido», denuncia Antonio, asegurando que el modelo actual no soluciona los problemas de los jóvenes en riesgo.
Un camino sin retorno.
Tras años de dificultades, la custodia del menor terminó recayendo en su padre, algo que Antonio considera excepcional. «Cómo sería la cosa, tal y como están las cosas, para que eso ocurriera», comenta. La madre fue acusada de malos tratos, y el niño, en un entorno desestructurado, dejó de ir a la escuela. «Mi hijo no iba al colegio por esa época, su madre se desentendía, perdía cursos enteros y en un año podría perder tranquilamente 700 horas de clase», recuerda.
Asegura que la administración era consciente de la situación, pero que no tomó medidas para evitarlo. «Eso lo sabía todo el mundo, está registrado, lo sabía la Administración, lo sabían los profesores, los directores… Pero nadie hacía nada, año tras año, salvo el Colegio San José de Villafranca, que sí ayudó», reconoce.
Ahora, Antonio solo espera que su hijo reciba el apoyo adecuado dentro del centro de internamiento. «Yo voy a ayudarle como padre y ahora serán los especialistas como psicólogos y psiquiatras del centro los que tengan que trabajar con él», concluye.
