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Un hospital público negó un aborto a una trabajadora del centro pese a la inviabilidad del feto y el riesgo para la mujer

La cadena SER denuncia el caso de Marta Vigara

Marta Vigara ha denunciado un grave caso de maltrato institucional, violencia obstétrica y la vulneración de la ley del aborto tras un conflicto con el hospital público San Carlos de Madrid. Lo más sorprendente es que la afectada trabaja en el mismo centró médico. Durante su gestación sufrió la rotura de la bolsa de forma temprana y perdió el líquido amniótico, por lo que tuvo que ser ingresada bajo tratamiento. El pronostico de su embarazo era infausto y la viabilidad del feto muy baja, ya que podría sufrir graves deformaciones en los pulmones.

Pero Marta, que quería interrumpir el embarazo en el hospital en el que ejerce de geriatra, se encontró con una barrera insalvable: todos los profesionales del departamento son objetores de conciencia siempre que haya latido fetal. Todos los médicos se declararon objetores en 2009 y derivan a centros privados, algo que el propio jefe del servicio confirma en un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER.

Marta también se queja de que le omitieron la información sobre el peligro que podía suponer la situación para su propia salud, tenía un riesgo de infección grave. Para que pudieran atenderla, le dieron el alta y la derivaron a una clínica privada, allí la prestación es gratuita.

Los médicos del San Carlos no contemplaron en ningún momento un aborto terapéutico por motivos médicos y consideraron que era voluntario por el fatal pronóstico del bebé. El aborto se practico finalmente en la clínica Isadora y ella misma lo gestionó para que se lo realizasen urgentemente, había empezado a sangrar.

Marta ha denunciado su caso ante la dirección del hospital, el servicio de Ginecología, los comités de violencia de género y de ética del centro, la consejería de Sanidad y el Colegio de Médicos de Madrid, con escaso éxito ya que han archivado el caso, la afectada ha denunciado la situación intentando que algo así no vuelva a suceder.

Qué dice la ley

La ley del aborto de 2010 permite la objeción de conciencia pero individual y no colectiva como se ha producido en este caso. La ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo recoge que los profesionales sanitarios «directamente implicados” en una IVE tienen derecho a la objeción de conciencia «sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas».